En estos días volvió a ponerse en discusión la Ley de Glaciares. Y más allá del debate técnico o jurídico, la pregunta es otra: ¿qué estamos discutiendo realmente cuando hablamos de glaciares?
No es solo una cuestión ambiental. No es solo una disputa productiva. Tampoco es un intercambio sobre desarrollo o crecimiento.
La Ley de Glaciares es, ante todo, una decisión política sobre qué cosas no pueden quedar libradas a la lógica inmediata del mercado. Es el reconocimiento de que hay bienes que exceden la propiedad privada y el beneficio de corto plazo.
La ley establece algo muy concreto: prohíbe actividades que puedan afectar o dañar los glaciares y el ambiente periglacial, obliga a realizar un inventario nacional de glaciares y los reconoce como reservas estratégicas de recursos hídricos. No es una declaración simbólica. Es una norma con efectos directos sobre qué se puede hacer y qué no en determinados territorios.
Reducir todo eso a “roca congelada a 4.000 metros que no sirve para nada” no es una provocación ingeniosa. Es una simplificación que solo puede sostenerse desde el desconocimiento o desde la decisión de minimizar deliberadamente su función estratégica.
Los glaciares no son paisaje ni acumulaciones inertes de hielo. Funcionan como reguladores naturales del sistema hídrico: almacenan agua en épocas de acumulación y la liberan gradualmente, sosteniendo ríos y cuencas incluso en períodos de menor precipitación. Los glaciares y las nieves de alta montaña alimentan ríos que luego abastecen ciudades, sostienen sistemas de riego y permiten que funcionen actividades productivas en distintas regiones del país.
En ese contexto, hablar de glaciares como si fueran elementos prescindibles revela una mirada de corto alcance. Porque lo que está en juego no es una formación geológica aislada, sino el funcionamiento de un sistema del que dependen millones de personas.
En una provincia como Río Negro, y en ciudades productivas como General Roca, el agua no es un recurso más. Es la base del sistema de riego que sostiene la producción frutícola, el abastecimiento urbano y buena parte de la economía regional. Lo que ocurre en la cordillera no es lejano ni ajeno: forma parte del mismo entramado hídrico que llega al valle.
Pero además, este debate no ocurre en el vacío. La comunidad internacional viene advirtiendo sobre una crisis hídrica global creciente. Más de dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso seguro al agua potable. En ese contexto, proteger fuentes estratégicas de agua dulce no es un gesto ideológico: es una decisión racional y preventiva. Relativizar esa protección en un escenario de escasez global no es una discusión menor.
En una época donde casi todo parece negociable, la Ley de Glaciares introduce un límite claro. Afirma que hay ecosistemas que no admiten margen de error. Que el agua no es reemplazable. Que ciertas decisiones tienen efectos irreversibles.
Defender la Ley de Glaciares no es oponerse al desarrollo. Es preguntarse qué tipo de desarrollo queremos. Si crecimiento significa comprometer las fuentes que sostienen la producción y la vida en el largo plazo, entonces la discusión es sobre sostenibilidad y responsabilidad.
Las leyes ambientales no son trabas. Son acuerdos democráticos para cuidar lo común. Son el resultado de debates sociales que reconocen que hay bienes cuya preservación no puede depender de la coyuntura política ni del poder político y económico del momento.
La Ley de Glaciares expresa justamente eso: que el agua, como condición básica de la vida y la producción, merece reglas claras y protección efectiva.
Proteger las fuentes de agua no es un lujo ambientalista. Es cuidar el origen de algo tan básico como el agua potable.
Cuando se debilitan esas protecciones, lo que se pone en riesgo no es una consigna ambiental: es el acceso al agua de las comunidades.
Por eso el debate no debería centrarse en si los glaciares “sirven” o no. Debería centrarse en si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de flexibilizar una protección que fue pensada justamente para evitar daños irreversibles.
En una provincia donde el agua es un recurso estratégico, discutir livianamente su origen no es un detalle retórico.
En los últimos años distintos estudios hidrológicos sobre la región del Comahue¹ vienen señalando una tendencia a la disminución de los caudales de los principales ríos de la zona a lo largo de las últimas décadas. Investigaciones recientes vinculan esta situación con una reducción de las precipitaciones invernales en la cordillera de los Andes, un fenómeno que incluso podría profundizarse a lo largo de este siglo.
Ese sistema hídrico sostiene actividades muy concretas: la agricultura bajo riego del Alto Valle, la generación hidroeléctrica de la región, que representa alrededor del 20% de la energía consumida en el país, y el abastecimiento de agua para poblaciones urbanas y rurales.
Por eso sorprende que todavía haya quienes hablen de los glaciares como si fueran una masa inútil de hielo perdida en la cordillera.
No lo son.
Son parte del sistema que permite que el agua llegue a los ríos, que los ríos lleguen al valle y que el valle pueda producir, vivir y crecer.
¹ Rivera, J. A.; Bianchi, E.; Mulleady, C. Cambios proyectados en los caudales de la región del Comahue en base a las simulaciones de los modelos hidrológicos del conjunto ISIMIP2b. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA–CONICET Mendoza), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/206925/
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