Cada 8 de marzo no es solo una fecha del calendario, es una interpelación política, porque los derechos de las mujeres nunca llegaron por casualidad, fueron producto de luchas colectivas, organización popular y decisiones políticas concretas de un Estado que decidió ponerse del lado de quienes históricamente habían sido relegadas.
En la historia argentina, existe un punto de inflexión ineludible. Cuando Juan Domingo Perón impulsó el voto femenino en 1947 y Eva Perón organizó a miles de mujeres en el Partido Peronista Femenino, se abrió una puerta que cambió para siempre la vida política argentina. No fue solo una ampliación del padrón electoral, fue la incorporación masiva de las mujeres a la vida pública, sindical y social del país.
Evita entendía algo fundamental y es que no hay justicia social posible si la mitad de la sociedad queda relegada, por eso la organización política de las mujeres fue parte constitutiva del proyecto peronista.
Décadas después, esa tradición de ampliación de derechos continuó con nuevas conquistas impulsadas por el movimiento feminista y por gobiernos que entendieron la responsabilidad del Estado en la reducción de desigualdades. Políticas como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Programa Acompañar para mujeres en situación de violencia, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, las políticas de cuidado y múltiples programas de asistencia y promoción de derechos fueron herramientas concretas para enfrentar desigualdades estructurales.
Sin embargo, este 8 de marzo encuentra a la Argentina atravesando un proceso de retroceso alarmante.
El gobierno de Javier Milei, en nombre de un dogma que considera al Estado como un enemigo, ha desmantelado o vaciado esas políticas públicas que son fundamentales para la protección y la autonomía de las mujeres. Los recortes en las áreas sociales configuran un escenario donde el Estado abandona a quienes más lo necesitan.
A esto se suma un contexto económico y laboral cada vez más adverso. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso, promovida por el oficialismo, introduce cambios que flexibilizan condiciones de trabajo, debilitan herramientas de protección laboral y reducen el poder de negociación de las y los trabajadores. En un país donde las mujeres ya enfrentan mayores niveles de precarización, brechas salariales y sobrecarga en las tareas de cuidado, cualquier retroceso en derechos laborales impacta con especial dureza sobre ellas.
Porque cuando el trabajo se precariza, las primeras en sentirlo son las mujeres. Cuando el Estado se retira de las políticas de cuidado, son las mujeres quienes absorben ese vacío en sus hogares y cuando las políticas sociales se recortan, son ellas quienes sostienen la economía cotidiana de las familias.
Pero el clima político actual también está marcado por otro hecho de enorme gravedad institucional, la detención de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena de seis años de prisión e inhabilitación política, sacudió el escenario político argentino y profundizó la grieta que atraviesa al país. Para millones de argentinos y argentinas, su encarcelamiento no puede leerse únicamente como un episodio judicial, sino que aparece ligado a una larga historia de confrontación entre proyectos de país, donde el peronismo ha sido muchas veces objeto de persecución política, mediática y judicial.
Cristina no es solo una dirigente política, es también una de las figuras más influyentes de la historia reciente del país y la primera mujer en ser elegida presidenta de la Nación en dos oportunidades consecutivas. Su liderazgo marcó una etapa de ampliación de derechos sociales, laborales y de género que hoy forma parte del debate público.
Por eso este 8 de marzo también es un día para pensar el vínculo entre feminismo, democracia y justicia social.
En este contexto, el 8 de marzo vuelve a adquirir un sentido profundamente político. Porque la lucha por los derechos de las mujeres nunca estuvo separada de la lucha por la justicia social, el trabajo digno y la democracia. Las Madres y Abuelas enfrentaron a la dictadura cuando el silencio era la regla, las trabajadoras sostuvieron la organización sindical en los momentos más difíciles y las militantes feministas impulsaron transformaciones legales y culturales que hoy están poniéndose en duda, producto de un discurso violento y falaz de un gobierno de ultraderecha.
La historia argentina demuestra que los derechos avanzan cuando existe voluntad política de ampliarlos y retroceden cuando se los considera un gasto prescindible. En ese sentido, el desafío de este tiempo es sostener la memoria de las conquistas logradas y defender la idea de que la igualdad no es una consigna abstracta sino una responsabilidad colectiva.
Porque como enseñó Evita, donde existe una necesidad nace un derecho y en la Argentina de hoy sostener esa convicción vuelve a ser, más que nunca, una tarea colectiva.
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